* “Hoy la impunidad, la corrupción y el delito se pasean por toda la
Ciudad en Uber, Cabify y Piratas con toda la libertad y al amparo del Gobierno
del Distrito Federal”, expresó Francisco Cornejo, vocero de los transportistas
México, D. F., a 4 de
mayo de 2015
Los Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX)
insistieron en que la Ley de Movilidad no puede estar sujeta a intereses
políticos y económicos y manifestaron su desconfianza ante la posibilidad de
que el gobierno de la Ciudad de México y el secretario de movilidad, Rufino H.
León, intenten regularizar a Uber a través de los reglamentos secundarios que
tentativamente enviarán esta semana. “El reglamento secundario no puede crear
nuevos derechos y obligaciones si estos no están previstos en la ley, como
ahora ocurre. Si pretenden abrirle la puerta a estos piratas acudiremos a tribunales
competentes”, advirtieron.
En conferencia de prensa, los transportistas reiteraron su
rechazo a la incorporación de UBER como parte de los servicios de transporte de
la Ciudad de México y exigieron a la Secretaria de Movilidad (SEMOVI), al
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la aplicación de las leyes vigentes en la
capital para sancionar a las 30 mil unidades piratas con cromática y placas
particulares, así como a los servicios irregulares de Uber y Cabify, que sin
tener concesión ofrecen un servicio ilegal de transporte.
“Hoy la impunidad, la corrupción y el delito se pasean por
toda la Ciudad en Uber, Cabify y Piratas con toda la libertad y al amparo del
Gobierno del Distrito Federal”, expresó Francisco Cornejo, vocero de los
transportistas.
Respaldados por los artículos 262 y 264 de la Ley de
Movilidad, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Ignacio Rodríguez, Daniel Medina, Francisco Cornejo y José Luis
Ramírez, anticiparon que harán la presión necesaria para exigir a las
autoridades que se pongan a trabajar e incluso acudirán a tribunales mayores
para impedir la inclusión de los ilegales.
“No es una ocurrencia nuestra, estamos pidiendo la
aplicación de una ley aprobada, discutida y avalada por la ALDF. Nos inclinamos
por el Estado de Derecho y si las autoridades no van a aplicar las leyes
aprobadas por sus legisladores, para qué estamos pagando un órgano de gobierno
tan caro”, cuestionó Ignacio Rodríguez tras anticipar que mantendrán la
estrategia jurídica que iniciaron desde el año pasado en contra de las
autoridades capitalinas y de los múltiples servicios piratas que circulan por
la ciudad protegidos y solapados.
Los taxistas demostraron que a través de una larga lista de
trámites y cobros, para ofrecer un servicio legalizado anualmente deben pagar
cada año más de 25 mil pesos, entre cobros a las concesiones, seguros y
trámites oficiales, a lo que también sumaron cientos de horas en espera frente
a las dependencias locales con el fin de poder acreditar todos los requisitos
mínimos para brindar el servicio de transportación, a la vez que la concesión
que tiene un costo en el mercado de 80 mil pesos, mientras que “Uber circula libremente
sin pagar ni realizar ninguno de estos trámites; son ganancias millonarias que
anualmente se van a la cuenta de estas empresas ilegales”, precisó Francisco
Cornejo.
De igual forma, Daniel Medina anticipó que el próximo
miércoles 6 de mayo, sostendrán una reunión en la Procuraduría General de
Justicia con representantes del INVEA y del Gobierno del Distrito Federal, como
parte del proceso jurídico iniciado contra las autoridades locales y los
servicios piratas. Así también, subrayó que hasta el momento el secretario de
Movilidad, Rufino H. León no ha aceptado dialogar con el gremio de taxistas y
es a través de sus secretarios como buscan resolver el conflicto por la
operación ilegal de servicios de transporte.
“No han querido entender que abrirle la puerta a Uber y
Cabify es seguir abriendo la puerta a la ilegalidad; sometiendo las leyes
mexicanas a la voluntad de estas empresas extranjeras que califican las
regulaciones de absurdas y obsoletas”, insistió José Luis Ramírez y aventuraron
que detrás de la protección y solapamiento de las autoridades seguramente hay
intereses oscuros, económicos y políticos, que las propias autoridades están
anteponiendo al bienestar de los ciudadanos y a la aplicación de la ley.
En cuanto a la posibilidad de que se otorguen nuevas
concesiones, los taxistas recordaron que con 140 mil concesiones vigentes y
legales la Ciudad de México se mantiene como la capital con más taxis en el
mundo y reiteraron su rechazo a que las autoridades locales pretendan abrir la
puerta a los servicios irregulares mediante una declaratoria de necesidad.
“Uber, Cabify y los piratas, se incorporan al final de la
carrera en todas las condiciones de ventaja y patrocinados por los jueces que
deberían vigilar la competencia, como lo hizo Roberto Madrazo en una maratón
europea”, resumieron los quejosos y a nombre de sus 20 mil asociados, se
deslindaron y reiteraron su rechazo a las acciones violentas e insistieron en
que las agresiones no contribuyen de forma alguna a resolver el problema, por
lo cual seguirán apostando a la vía jurídica y en defensa del estado de
derecho.◄
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